domingo, 15 de enero de 2023

POR LA SUPRESIÓN DE LOS ACUERDOS ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO

 

El pasado 3 de Enero de 2023, se cumplieron 44 años de los Acuerdos firmados el 3 de Enero de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español, dirigido entonces por la UCD de Adolfo Suárez y que sustituían al Concordato entre el golpista Francisco Franco y el Papa Pio XII.


Durante estos años ha habido varias promesas de denuncia de dichos Acuerdos. La última la hizo el PSOE en su programa electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, comprometiéndose a impulsar un nuevo Acuerdo entre España y el Vaticano, "basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica". Sin embargo, en el programa para las elecciones generales que al fin se celebraron el 28 de abril de 2019, tras el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno por la moción de censura del 1 de junio de 2018 contra el gobierno de Rajoy, no incluía ya la denuncia de estos Acuerdos con la Santa Sede. Y al día de hoy, estas promesas han caído en saco roto. Los Acuerdos están muy vivos y la jerarquía de la Iglesia católica sigue gozando de los privilegios que  dichos Acuerdos  le otorgan. En tres capítulos podríamos sintetizar tales privilegios.

En el capítulo de la financiación de la Iglesia. Pese a que ella declaraba en el Artículo II, nº 5 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos "su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", dicha financiación propia no lo ha logrado, porque nunca la intentó, estando satisfecha totalmente con la financiación, tanto indirecta como directa, facilitada por el Estado. La organización Europa Laica estima que la Iglesia Católica recibe cerca de 12.000 millones de euros anuales de financiación pública, por dichos Acuerdos. Dinero que se detrae del Estado para fines sociales.

En el plano educativo es donde más se nota el poder de la jerarquía eclesiástica. El Gobierno de coalición no cuestiona ya el sistema de centros concertados,  a pesar de las voces cada vez más insistentes de que se elimine, dejando que la enseñanza privada se  autofinancie, sin dinero público. Las cifras de escolarización en la escuela privada, muy ligada a la jerarquía eclesiástica, han crecido en todos los niveles, especialmente en la Formación Profesional y en la educación infantil, por no hablar de las universidades privadas que han aumentado de forma espectacular su alumnado y donde la flamante y poca ambiciosa ley de Universidades se muestra incapaz  de poner freno a este nuevo desorden universitario.

El tercer capítulo mira a la gestión del patrimonio histórico. El PSOE  ha cumplido en parte la promesa de la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia, publicando una lista incompleta de tales bienes. En ella admite "la dudosa constitucionalidad" de las inmatriculaciones, pero las da por buenas, salvo excepciones, que habrá que reclamar su devolución mediante largos procesos judiciales. Por otra parte, es el Estado quien corre con el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario nacional, siendo la jerarquía de la Iglesia quien cobra por la visita de este patrimonio, como ocurre en la Mezquita catedral de Córdoba, catedral de Sevilla, etc.

Ante esto, las Comunidades Cristianas  de Base de Andalucía, integrantes del movimiento de una Iglesia Popular andaluza, volvemos a repetir nuestra oposición a  estos Acuerdos y abogamos por su supresión, como ya lo venimos haciendo en otros años, pidiendo una nueva relación con el Estado Vaticano basada en el principio de laicidad, dentro de un Estado laico.

Las Comunidades Cristianas de Base de Andalucía

8 de Enero de 2023

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