El pasado 3 de Enero de 2023, se cumplieron 44 años de los Acuerdos firmados el 3 de Enero de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español, dirigido entonces por la UCD de Adolfo Suárez y que sustituían al Concordato entre el golpista Francisco Franco y el Papa Pio XII.
Durante estos años ha habido varias promesas de denuncia de dichos Acuerdos. La
última la hizo el PSOE en su
programa electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019,
comprometiéndose a impulsar un nuevo Acuerdo entre España y el Vaticano, "basado en el principio de laicidad,
para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica".
Sin embargo, en el programa para las elecciones generales que al fin se
celebraron el 28 de abril de 2019, tras el ascenso de Pedro Sánchez a la
presidencia del gobierno por la moción de censura del 1 de junio de 2018 contra
el gobierno de Rajoy, no incluía ya la denuncia de estos Acuerdos con la Santa
Sede. Y al día de hoy, estas promesas han caído en saco roto. Los Acuerdos
están muy vivos y la jerarquía de la Iglesia católica sigue gozando de los
privilegios que dichos Acuerdos le otorgan. En tres capítulos
podríamos sintetizar tales privilegios.
En el capítulo de la
financiación de la Iglesia. Pese a que ella declaraba en el Artículo II, nº
5 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos "su
propósito de lograr por sí misma los
recursos suficientes para la atención de sus
necesidades", dicha financiación propia no lo ha logrado, porque nunca
la intentó, estando satisfecha totalmente con la financiación, tanto indirecta
como directa, facilitada por el Estado. La organización Europa Laica estima que la
Iglesia Católica recibe cerca de 12.000 millones de euros anuales de
financiación pública, por dichos Acuerdos. Dinero que se detrae del Estado para
fines sociales.
En el plano educativo es donde más se nota el poder de la jerarquía
eclesiástica. El Gobierno de coalición no cuestiona ya el sistema de centros
concertados, a pesar de las voces cada vez más insistentes de que se
elimine, dejando que la enseñanza privada se autofinancie, sin dinero
público. Las cifras de escolarización en la escuela privada, muy ligada a la
jerarquía eclesiástica, han crecido en todos los niveles, especialmente en la
Formación Profesional y en la educación infantil, por no hablar de las
universidades privadas que han aumentado de forma espectacular su alumnado y
donde la flamante y poca ambiciosa ley de Universidades se muestra
incapaz de poner freno a este nuevo desorden universitario.
El tercer capítulo mira a la
gestión del patrimonio histórico. El PSOE ha cumplido en parte la
promesa de la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia,
publicando una lista incompleta de tales bienes. En ella admite "la
dudosa constitucionalidad" de las inmatriculaciones, pero las da por
buenas, salvo excepciones, que habrá que reclamar su devolución mediante largos
procesos judiciales. Por otra parte, es el Estado quien corre con el
mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario nacional, siendo la
jerarquía de la Iglesia quien cobra por la visita de este patrimonio, como
ocurre en la Mezquita catedral de Córdoba, catedral de Sevilla, etc.
Ante esto, las Comunidades Cristianas de Base de
Andalucía, integrantes del movimiento de una Iglesia Popular andaluza, volvemos a repetir nuestra oposición
a estos Acuerdos y abogamos por su supresión, como ya lo venimos haciendo
en otros años, pidiendo una nueva relación con el Estado Vaticano basada en el
principio de laicidad, dentro de un Estado laico.
Las Comunidades Cristianas
de Base de Andalucía
8 de Enero de 2023
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