CCP-A Por el Derecho a la Renta Básica Universal y permanente como Derecho a la Vida. Disienten de las declaraciones de la CEE

Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, seguidoras del mensaje de Jesús con más o menos acierto, constatamos que no es la coherencia la que prima en la Jerarquía de la Iglesia Católica oficial en España, ni siquiera en sus manifestaciones. Y esta vez en lo más elemental e incuestionable de la opción de Jesús, su opción por los pobres.  Se trata de la declaración del Secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), D. Luis Argüello,  en contra del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en su modalidad permanente, que desea establecer a nivel nacional el gobierno español, aunque ahora de modo transitorio. Nos parece una verdadera traición al evangelio y que como se trata de una aportación al fin y al cabo política para que no se consiga esa ayuda a los pobres, no podemos menos que denunciarla

1ª.- Porque esta postura está en contra del mismo Papa Francisco, quien el pasado 14 de abril propuso un salario universal para las personas trabajadoras más humildes y sin derechos, entre los que citaba: "los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado", y que "no tienen un salario estable para resistir este momento". También en España existen esas personas trabajadoras humildes y precarias, como señalaba el Informe de FOESSA 2019, difundido por Caritas:  “El número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis). Y dentro de este grupo “son 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa”.

2ª.- Porque creemos, que la CEE sigue más las opiniones de la Fundación FAES, que opina también que no debe ser “una medida permanente y desincentivadora del trabajo”, en contra de la opinión de la propia Caritas, que el pasado 7 de abril emitió un comunicado , urgiendo al Gobierno español a establecer un Ingreso Mínimo garantizado, de ámbito estatal y no solo durante esta crisis, sino también para el futuro, aunque contando con “un complemento que facilite la incorporación al mercado de trabajo”.

 3ª.-  Porque estimamos que es una postura hipócrita, que olvida que la jerarquía de la Iglesia católica recibe todos los años, al menos, la subvención permanente de la casilla de la Iglesia, señalada en el IRPF y cuyo porcentaje el gobierno de Zapatero elevó, en septiembre de 2006, del 0’52% al 0’7%. Esta dotación directa y permanente del Estado, está en contra del n.5 del art. II, de los Acuerdos económicos entre el  Estado español y la S.Sede, firmados el 3 de enero de 1979, donde se indica que la Iglesia católica debe llegar a financiarse por si misma sus necesidades.

4ª.- Creemos, que todas esta actitudes de la CCE chocan frontalmente con la opción por los pobres que predicó Jesús.

Pensamos que es de justicia que quien no pueda acceder a un puesto de trabajo -porque no lo hay-,  la Sociedad, el Estado, debe dotarle de los medios por lo menos mínimos de subsistencia. 

Estimamos finalmente que este compromiso en favor de las personas trabajadoras humildes y sin derechos, del que habla el Papa Francisco, no solo es ofrecerles el Ingreso Mínimo Vital, que anuncia el gobierno y al que se opone la CEE sino una Renta Básica Universal, ahora de cuarentena y posteriormente estable, permanente e incondicional como derecho inalienable a la Vida.

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía. 22 de Abril de 2020.