Las CCP andaluzas, ante el informe del defensor del pueblo sobre la pederastia en la iglesia española.

 

En referencia al Informe presentado por el Defensor del pueblo, acerca de los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, manifestamos: 

* Que nos entristece profundamente y nos escandaliza el número de 440.000 víctimas que han sido objeto de abusos sexuales dentro de la Iglesia, ya sea por personas del clero y religiosas o personas seglares, al servicio de la misma Iglesia, habiendo sido muchas de ellas niños o niñas. 

* Nos escandaliza también el hecho de que la jerarquía de la Iglesia, según el Informe del Defensor del Pueblo, haya puesto obstáculos a la investigación de estos abusos y tenga aún cerrados sus archivos para que se clarifique esta investigación. 

* Como personas cristianas y ciudadanas nos duele profundamente que la jerarquía de la Iglesia no haya escuchado, según el Informe, a las víctimas, las haya despreciado y no haya castigado a los agresores, al considerar que estas agresiones no eran un delito, sino un pecado personal, con transcendencia personal, pero no social. 

*  Celebramos, con todo, que los obispos presentes en la Asamblea celebrada el 30 de octubre del presente año hayan manifestado su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteren su petición de perdón a las víctimas, a las que consideran el centro del problema. Consideramos, sin embargo, que aunque  esta lacra afecta a toda la sociedad, como señala el mismo Informe y su dimensión sea mayoritariamente extra eclesial, la Conferencia Episcopal Española (CEE), no puede eludir su propia responsabilidad en la petición publica  de perdón, considerando el gran número de casos ocurridos en el seno de la Iglesia, ni tampoco eludir, como representantes de todas la Iglesia española, la reparación de esos abusos y la indemnización a las víctimas por los daños causados. 

* Rechazamos que tales indemnizaciones se hagan por medio de la creación de un fondo común para la indemnización a las víctimas.  Creemos que, si los daños fueron hechos por los clérigos, religiosos o seglares al servicio de la Iglesia, es la jerarquía eclesiástica la que debe pagar estas indemnizaciones, ya que ella recibe anualmente del Estado una cantidad cercana a 4.500 millones de €, según Hacienda, aunque esa cifra alcanza los 11.000 millones €, según Europa laica. 

* Estimamos que este grandísimo problema ocasionado en el seno de la Iglesia católica, del mismo modo que el problema de las inmatriculaciones de bienes públicos, no tendrá solución si se sigue manteniendo el trato privilegiado que tiene la jerarquía de la Iglesia por parte del Estado, en virtud de los Acuerdos firmados el 3 de enero, de 1979 por el Vaticano y el Estado español. Por lo mismo, nos pronunciamos una vez más porque tales Acuerdos se deroguen unilateralmente por el gobierno español, del mismo modo que la Santa Sede consideró  derogado el Concordato de 1851, por la política laicista de la Segunda República, firmando posteriormente el Concordato de 1953.

 

Finalmente, agradecemos el servicio, la entrega y el camino compartido por la inmensa mayoría de sacerdotes, religiosas y laicos, que siguen dando su vida por los valores de Jesús y un mundo nuevo: Solidaridad, justicia, compromiso con los últimos y fraternidad. 

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía.

2 de noviembre de 2023.