Creemos
que es preciso trabajar desde las instancias españolas, también,
para garantizar a los territorios históricos del País Vasco y
Cataluña y el resto de autonomía con sus peculiaridades, un encaje
armónico dentro de la pluralidad del Estado español y de Europa,
que responda a sus legítimas aspiraciones como pueblos. Un tal
encaje no se conseguirá si no es mediante el diálogo sereno,
sincero y la negociación justa y sin condiciones previas entre los
gobiernos, ni la polarización que descalifica a la otra parte, lo
que resulta indispensable para que una sociedad se pueda atribuir la
condición de democrática. Pero nunca a base de interpretaciones
unilaterales y restrictivas de una Constitución sacralizada e
inamovible –cuando la misma Ley prevé su condición de
reformable-. Ni menos aún con medidas punitivas y de agresión
brutal, como las aplicadas el pasado uno de octubre, en Cataluña,
por parte de las fuerzas policiales, ni con amenazas y falsedades,
como las difundidas desde el poder, tanto del Gobierno central como
de la Generalitat y algunos medios de comunicación.
Pensamos
que ha llegado el momento de optar por criterios políticos, que
permitan acordar cómo establecer las relaciones mutuas entre los
territorios que integran el Estado español, pues en un momento en
que ya no son aceptables los dogmas acríticamente, tampoco se puede
aceptar la sacralización de la Constitución como algo intocable., o
usarla para intereses partidistas por encima del bien común.
Creemos
necesario que se llegue a una convivencia real, basada en la
fraternidad y en el respeto a la libre voluntad de la ciudadanía.
Porque, como dice la filósofa Adela Cortina, “Sin contar con un
pueblo unido por la amistad cívica no existe democracia posible. No
se construye una vida pública justa, desde la enemistad”.
En
València, a 22 de octubre de 2017.
Por
la asamblea, la coordinadora de CCPs de València.
Los
problemas políticos tienen que tener una solución política y en un
marco de diálogo.
Por
un nuevo pacto de convivencia en Catalunya
La
Coordinadora estatal de Comunidades Cristianas Populares (CCP),
reunida el 28 de octubre de 2017, preocupada por la situación de
Cataluña, quiere hacer públicas las siguientes consideraciones por
si sirvieran para pacificar y resolver el conflicto.
La
Constitución española en lo que se refiere a Cataluña fue un pacto
entre La Generalitat, presidida por el honorable Tarradelles y el
Estado Central, presidido por Suárez. En este pacto la Generalitat
reconocía que Cataluña es parte de España y que la soberanía
nacional residía en toda la ciudadanía española. Y el Estado
Central, por su parte, reconocía como President de la Generalitat al
Presidente Republicano en el Exilio, reconocía que en el Estado
Español había regiones autónomas y “nacionalidades”, (término
abstracto y ambiguo que se acerca al de nación), establecía una
Cámara Territorial, donde se discutieran los problemas entre
regiones y nacionalidades, y un Tribunal Constitucional en el que
estuvieran representados los territorios, (por miembros nombrados por
la Cámara Territorial) y el conjunto de los ciudadanos (nombrados
por el Parlamento Nacional)
Alianza
Popular propuso una enmienda a todo este artículo de la Constitución
que fue rechazada. Y la Constitución fue aprobada en referéndum por
una amplísima mayoría, siendo mayor el porcentaje del SÍ en
Barcelona que en Madrid.
La
constitución fue el resultado de un pacto en el que todos cedieron
una parte de lo suyo para lograr una totalidad satisfactoria para
todos. Es decir que podríamos decir que la constitución era
inclusiva: un marco en el que todos nos sintiéramos a gusto.
Fue por lo tanto Alianza
Popular desde el primer momento, y el PP después quienes fueron
minando las instituciones y apoderándose de ellas para desvirtuar
finalmente el sentido inicial de la constitución y así:
-El
Senado, que tenía que ser la cámara territorial, hoy, tiene allí
la mayoría el PP que no tiene la mayoría de CCAA
-El
Tribunal Constitucional, empieza siéndolo pero después pasa una
etapa de desprestigio y parcialidad, acabando como un poder penal,
muy discutible, según el espíritu de la constitución y dominado
tanto por Alianza Popular como por el PP.
-Después
de no tener en cuenta que la constitución habla de regiones y
nacionalidades, con leyes como la LOAPA y sin leyes se van
recentralizando funciones ya transferidas.
-Se
penaliza y castiga la simple disidencia, como en los tiempos de la
dictadura. Ejemplos son “los tiriteros” acusados de enaltecer el
terrorismo, la ley mordaza, o el tildar una manifestación pacífica
multitudinaria de sedición y encarcelar a los organizadores sin
fianza. Y por poner otro ejemplo claro de esta penalización tenemos
el caso del referéndum. Hasta Aznar propuso que se considerara
delito el hacer un referéndum como el que hizo la Generalitat y fue
rechazado. Porque organizar un referéndum ilegal no es delito. Pero
el PP cambia rápidamente las normas del Tribunal Constitucional. Le
da facultades -no sólo para interpretar la Constitución sino para
dar órdenes e imponer penas- y así puede dar la orden de que no se
tenga el referéndum, convirtiéndolo en un delito de desobediencia.
En
definitiva que en estos momentos el pacto constitucional está roto y
esta ruptura ha producido un enorme enfrentamiento, por lo que hay
que volver al diálogo y llegar a un nuevo pacto que restablezca la
convivencia. Justicia y Paz lo afirmaba así recientemente.
Nos
parece también que los políticos de la Generalitat han llevado
adelante un Procès secesionista que ha enfrentado gravemente a la
Sociedad Catalana, incluso dentro de las mismas familias; pero
aunque estén todos cesados o procesados o encarcelados, sin voz y
voto, perseguidos … y no tienen la plena posibilidad de diálogo y
pacto, les exigimos que busquen por todos los medios este diálogo y
nuevo pacto, que haga posible la vuelta a la convivencia ciudadana.
Creemos
firmemente que todos los problemas políticos tienen que tener
solución política y en un marco de diálogo. Por ello, La
Coordinadora Estatal
de Comunidades Cristianas Populares
(CCP) abogamos porque se vuelva al diálogo hasta alcanzar un nuevo
pacto de convivencia y condenamos sin paliativos la penalización de
la disidencia, la manipulación de las leyes y el encarcelamiento de
organizadores de manifestaciones pacíficas.
Coordinadora
Estatal de Comunidades Cristianas Populares.
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