CCP: Manifiesto por la laicidad, de Redes Cristianas. Junio 2017.

Las Comunidades Cristianas Populares están integradas en el colectivo de Redes cristianas. Colectivo al que pertenecen más de 200 grupos de base cristianos: http://www.redescristianas.net/

"Defendemos la laicidad en la Escuela"

"Denunciamos a la Conferencia Episcopal Española por la intolerable línea editorial que mantienen los Medios de Comunicación bajo su control" 

"Denunciamos el actual sistema de financiación de la Iglesia Católica por el Estado español"

Redes Cristianas, 25 de junio de 2017

Redes Cristianas apuesta decididamente por la independencia, respeto mutuo y colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas y aboga por un Estado laico que supere el actual confesionalismo encubierto y por una Iglesia inspirada sólo por el Evangelio y no sometida a ningún tutelaje del Estado.

Consciente de que las actuales relaciones entre Iglesia/Estado en España, basadas en los Acuerdos del año 1979, han sido el principal obstáculo a la separación entre ambos y que actualmente están generando un gran malestar en amplios sectores, sean católicos o no, Redes Cristianas manifiesta abiertamente su apuesta por la laicidad e invita a cuantas instituciones y personas se sientan motivadas por este objetivo democrático a colaborar activamente en la construcción de un Estado laico.

Laicidad es la progresiva maduración de la sociedad hacia una cultura del pluralismo y del respeto a la diferencia, creando espacios de convivencia y libertad que hagan posible  el diálogo entre todas las ideologías filosóficas y creencias religiosas. El desarrollo progresivo de la laicidad debe ser considerado como un elemento inherente a la democracia, hasta el punto de poder afirmar que sin laicidad no existe democracia completa. Y, puesto que el único garante de este espacio común y público  es el Estado, laicidad implica necesariamente la autonomía plena del Estado respecto de cualquier magisterio religioso o cosmovisión filosófica que pretenda imponerse como la única verdadera.  Desde esta convicción:

1 Denunciamos los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, herederos del Concordato de 1953 y pedimos su derogación porque, nacidos en un contexto preconstitucional de privilegio confesional católico, están afectando hoy día a una sociedad religiosamente plural y ampliamente secularizada y son causa de muchos de los conflictos que, en esta materia, afectan a la convivencia ciudadana.  En consecuencia, exigimos que las entidades dependientes de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en el Estado español.

2 Apostamos por una laicidad plena que reconozca la autonomía de lo político y lo civil respecto a lo religioso y filosófico y camine hacia la separación efectiva y definitiva de la Iglesia y el Estado, reconociendo a todos los ciudadanos/as igualdad de derechos y deberes, sin privilegios ni ventajas y garantizando el ejercicio de las libertades fundamentales para todos y todas.

Para hacer esto realidad urge modificar el actual marco legislativo español, al menos en los siguientes puntos: reforma de la Constitución que supere la contradictoria redacción de los artículos 16 y 27; nueva Ley de Libertad de Conciencia que proteja y garantice la libertad de pensamiento y conciencia sin privilegio alguno; y aplicación con efectos retroactivos de la modificación del año 2012 del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que deroga la capacidad que tenían los obispos para inmatricular a nombre de la Iglesia propiedades inmobiliarias anteriormente no registradas.

3 Abogamos por un “pacto por la laicidad” entre confesiones religiosas y el Estado, que incluya un “estatuto de laicidad” en el que se garantice la neutralidad ideológica de las Administraciones Públicas. Ello implica, entre otras cosas, eliminar cualquier tipo de simbología religiosa en los actos oficiales, y en lugares y edificios de titularidad pública; así como cualquier presencia oficial de autoridades civiles o militares en los actos religiosos. Dicha neutralidad ideológica de las administraciones públicas comporta también la supresión de honores civiles, condecoraciones o nombramientos civiles a imágenes o patronos de carácter religioso, la supresión de capillas en las sedes de cualquier dependencia de la Administración, sea escolar, sanitaria, de centros penitenciarios, juzgados, cuarteles, embajadas…etc. Y, por consiguiente, la supresión de la figura de los “capellanes funcionarios católicos”.

4 Defendemos la “laicidad en la Escuela” y apostamos por una Educación que tenga como objetivos centrales la formación integral de la persona, el aprendizaje con enfoque de género, la socialización y la formación en derechos humanos, sin proselitismos ni adoctrinamientos. El sistema educativo debe articularse a partir de principios de igualdad, libertad y formación crítica para todas las personas.
 Reconocemos y valoramos el pluralismo religioso y cultural existente, y, en consecuencia, denunciamos la actual presencia de la religión confesional católica en el sistema educativo, por entender que la Religión debe transmitirse a través de instituciones y medios privados, no en la Escuela pública, que ha de ser laica.

5 Denunciamos el actual sistema de financiación de la Iglesia Católica por el Estado español y exigimos la adopción de medidas urgentes que supongan avances decisivos en el proceso de autofinanciación de la Iglesia Católica, objetivo que los propios obispos asumieron al firmar el Acuerdo sobre Asuntos Económicos en 1979. Un primer paso, de aplicación inmediata, debe ser la supresión de la casilla de “asignación a la Iglesia Católica” en la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

6 Afirmamos la autonomía de la ética civil, frente a la moral religiosa. Con independencia de las exigencias morales que el Evangelio representa para nosotros como cristianos, afirmamos nuestra firme convicción de que en una sociedad plural y secularizada, los códigos morales por los que han de regirse los ciudadanos han de basarse en principios de la Ética Civil Común, que se derivan de valores fundamentales como: afirmación de la vida, libertad, justicia, verdad, pluralismo, igualdad y construcción de la paz. Estos imperativos éticos no precisan legitimación ni rectificación alguna por parte de ninguna moral religiosa que, de hecho, no es compartida por toda la ciudadanía. En consecuencia, denunciamos cualquier presión de la jerarquía católica para imponer su moral sobre la ética civil universal. En una sociedad laica, la Ética ha de ser construcción y patrimonio de todos sin distinción.

A la vez, exigimos que las confesiones religiosas, y en particular la Iglesia Católica, revisen sus códigos morales y su organización antidemocrática para superar tanto las huellas de clericalismo aún vigentes, como sobre todo, las múltiples discriminaciones por razón de orientación sexual y de género que, aún sufren muchos de sus miembros.

7 Exigimos  de los Medios de Comunicación máxima neutralidad y respeto a las creencias religiosas y convicciones éticas y filosóficas de toda la ciudadanía. En consecuencia, denunciamos a la Conferencia Episcopal Española por la intolerable línea editorial que mantienen los Medios de Comunicación bajo su control, defendiendo a ultranza posiciones ideológicas, políticas y morales reaccionarias, al servicio de los poderosos de la sociedad, y contrarias a las prioridades evangélicas. De igual modo reclamamos del Gobierno mayor firmeza en la garantía del respeto a los derechos de toda la ciudadanía, así como igualdad de trato para evitar abusos en el ejercicio de la Libertad de Expresión.

Teniendo en cuenta que la transición religiosa a la democracia en España está aún pendiente de llevarse a cabo, los colectivos cristianos agrupados en Redes Cristianas, urgimos al actual gobierno del Estado y a las jerarquías de las confesiones religiosas, especialmente a la de la Iglesia Católica, a que asuman responsablemente, y pongan en práctica, el espíritu de la Constitución, que en el Art.16 párrafo 3, apuesta por el Estado laico al afirmar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Redes Cristianas, junio 2017