Hace poco más de un mes nos concentrábamos en la Plaza
del Carmen para apoyar a Helena Maleno, la activista andaluza de la asociación
CAMINANDO FRONTERAS, que tenía que declarar en un juzgado de Tánger por
colaboración en redes de trata de personas.
¿Su delito? Avisar de naufragios en el Estrecho de Gibraltar y salvar a
personas que buscan una vida más segura.
Dentro de 3 semanas, a primeros de mayo, tres bomberos
sevillanos de la organización PROEM-AID serán juzgados en Grecia ¿Su delito? Arriesgar su propia vida
para salvar a personas que huyen de la violencia.
Y el caso que más mediático de todos: el buque de la
organización Proactiva Open Arms, bloqueado e investigado por la fiscalía
italiana. ¿Su delito? Rescatar a personas
en el mar, entre Italia y Libia.
¿El común denominador de los tres casos? La persecución y
hostigamiento de personas y organizaciones que buscan justicia y libertad para
los migrantes y refugiados.
Estos tres, no son los únicos casos. Otros casos menos
llamativos siguen sucediendo cada día, lo que contribuye a empañar la imagen
pública de quienes ejercen la solidaridad, que hasta ahora era considerada
ejemplar.
El Mediterráneo es un cementerio húmedo y silencioso. En
lo que llevamos de 2018 han muerto en este precioso mar más de 500 personas. No
se conoce ni una sola medida de la Unión Europea ni del Gobierno Español para
paliar esta situación. El objetivo de los gobiernos es el control de fronteras,
y a esto supeditan la seguridad de las personas que huyen de la muerte.
En todos los gobiernos europeos está creciendo el discurso
que presenta la inmigración como un problema de seguridad nacional. Este
discurso alimenta y justifica políticas migratorias cada vez más restrictivas y
excluyentes.
La Unión Europea desea alejar las fronteras comunitarias
y llevarlas donde no haya cámaras ni prensa, donde no haya testigos de la
trasgresión de los derechos humanos. En 2016 Europa acordó con Turquía la
retención en su suelo de las personas que huían de la violencia en busca de
lugares seguros. En 2017 el acuerdo se ha firmado con Libia que, a cambio de
sustanciosas sumas de dinero, impide que las ONGs accedan a su litoral,
impidiendo así socorrer a pequeñas embarcaciones de migrantes y refugiados a la
deriva.
Estas medidas están incrementando el número de muertos en
el Mediterráneo. Más de 3000 en 2017. 500 desaparecidos en lo que va de año.
Frente este drama, la reacción de los Gobiernos es criminalizar a los
trabajadores humanitarios.
Frente a la ausencia de compromiso de las autoridades
europeas y españolas con las personas migrantes y refugiadas, la solidaridad de
personas y organizaciones es la única que está respondiendo a este drama
humano.
Personas y organizaciones se encuentran con una triste
realidad: quienes más se implican salvando vidas, más sufren el acoso de los
gobiernos. Se persigue lo que debiera ser elogiado. Es la criminalización de la
solidaridad.
Criminalizar a los trabajadores humanitarios deslegitima
su labor y desanima a otros voluntarios a colaborar con ellos.
Sin embargo hay signos de esperanza. Una ola de
solidaridad está arropando a estos activistas que lejos de intimidarse por las
amenazas, se sienten fuertes. Y Proactiva Open Arms volverá a volverá a operar
con el primer navío con el que fueron al Mediterráneo, el Astral, con el que
rescataron a más de 14.000 personas, a pesar de no ser una embarcación adecuada
para operaciones de rescate.
Exigimos al gobierno
de España que apoye y defienda a sus ciudadanos en las distintas causas
judiciales abiertas contra ellos.
Salvar vidas es un deber de todo ser humano.
Salvar vidas no es un delito.
Salvar vida no es un crimen.
Buenas: Mi nombre es Claudia.Me interesa ponerme en contacto con Uds. Podrían enviarme dirección y fechas de encuentro?
ResponderEliminarMi mail, claudiaperriard@yahoo.com.ar
Gracias
Paz y Bien
Abrazo en Cristo